Empresas corruptas pagan irrisorias multas por su contaminación

“Delitos ambientales” fue el tema del seminario que dictó el funcionario de Tucumán en Neuquén.

Gustavo Gómez: “las empresas prefieren pagar multas y seguir contaminando”

NEUQUÉN.

El fiscal federal de Tucumán visitó la región para plantear su “gran preocupación” por el impacto ambiental del petróleo. El funcionario se mostró intranquilo porque “ni los funcionarios administrativos, ni jueces, ni fiscales están iniciando acciones”.



ANDREA DURÁN
andrea.duran@rionegro.com.ar
13 OCT 2016 - 00:00

“Las acciones civiles y administrativas no resultan eficaces. El contaminador a lo único que le tiene miedo es a la posibilidad de que se le abra una causa penal”, aseguró el fiscal federal de Tucumán, Gustavo Gómez, quien visitó la región para plantear su “gran preocupación por la contaminación del petróleo” en la provincia.

El funcionario dijo que la política de aplicación de multas por daños ambientales como la que existe en Neuquén “da muy malos resultados” y pidió a ciudadanos y legisladores que actúen en querellas penales cuando ocurren incidentes.

Gómez dio el martes un seminario sobre “Delitos Ambientales y Derechos Humanos” en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue junto a integrantes de la comunidad Campo Maripe.

“Las empresas prefieren pagar las multas y seguir contaminando. En el primer caso de contaminación ambiental, a la minera Barrick Gold el gobierno de San Juan le impuso una multa millonaria y ni siquiera la apelaron. Pagaron y siguieron contaminando hasta que se produjo la rotura semanas atrás. Me parece que la política de multas es interesante, no tiene nada que ver con la acción penal, pero también ha demostrado que es una excusa para tratar de mostrar a los ciudadanos que se está haciendo algo cuando, en lo concreto, da muy malos resultados”, explicó Gómez. Para él, “detrás de cada delito ambiental, hay un funcionario corrupto”.

El fiscal indicó que para iniciar causas por contaminación no se requieren grandes recursos técnicos o humanos. “Hay un gran mito que dice que tenemos que andar recogiendo pruebas químicas, que no tenemos un plomatógrafo gaseoso para establecer niveles de plomo, etcétera. No es así”, sostuvo. “Me preocupa que ni los funcionarios administrativos, ni jueces ni fiscales estén iniciando acciones. Que no haya querellas penales en Neuquén es también responsabilidad de la sociedad y de los legisladores”, planteó.

Gómez ha iniciado un centenar de causas por delitos ambientales y fue el impulsor de la investigación contra el gerente de la minera La Alumbrera, Raúl Pedro Mentz, que derivó en su procesamiento por la contaminación de la cuenca de los ríos Salí-Dulce.

“A Neuquén me trae la gran preocupación que yo tengo por la contaminación del petróleo. El impacto parece que fuera desconocido por la justicia y los fiscales de Neuquén. Se han dedicado a criminalizar a los pueblos originarios y ninguna empresa tiene causas penales por delito de contaminación”, dijo.
Definen la licitación para la remediación del plomo
acopiado en el ingreso a San Antonio

Funcionarios municipales, provinciales, referentes de Nación y miembros de la multisectorial de vecinos que realizan el seguimiento del proceso, se reunieron para definir los términos de la licitación de la que surgirá la firma que se ocupará de la remediación definitiva del plomo acopiado en el ingreso a San Antonio.
La nueva convocatoria se realizará para reemplazar a la firma Ezequiel Wálter Silva (EWS), la empresa que debía llevar adelante el saneamiento y cuyo contrato fue rescindido por Nación meses atrás, tras numerosos incumplimientos.
El encuentro para el armado de los pliegos se inició el martes en esta capital.
El plomo que se saneará es el que proviene de Mina Gonzalito, y fue acopiado en el ingreso a la localidad por la
exempresa fundidora Geotécnica.
Su existencia es altamente nociva para la salud porque se aspira junto al polvo en suspensión.
La empresa que gane la licitación deberá encargarse de remover esos tóxicos y trasladarlos a una celda ubicada en el paraje Mancha Blanca, en el que se realizará la disposición final.
“Se han dedicado a criminalizar a los pueblos originarios y ninguna empresa tiene causas penales por delito de contaminación”.
Gustavo Gómez,