_____________________________
Llega al Congreso el debate por 8 millones de hectáreas que reclaman los aborígenes
En noviembre vence la ley que evita desalojos, pero el tema quedó envuelto por el caso Maldonado; en 11 años sólo se relevó la mitad de las tierras; la mayoría no tiene títulosDOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017- Agustina López
El debate sobre las tierras aborígenes que suscitó repentinamente el caso de Santiago Maldonado tendrá un pico de tensión antes de fin de año, cuando vence la ley 26.160, que evita que se ejecuten desalojos de los territorios que ocupan comunidades indígenas.
En ese debate, que ya se empezó a recalentar, entran en juego el futuro de más de 8 millones de hectáreas distribuidas por todo el país, los intereses de gobernadores y de privados, el derecho de los indígenas a reclamar sus tierras y la función que debe cumplir el Estado. Además, saca a la luz la falta de registro formal de las comunidades y el valor, en términos de recursos naturales, de esos territorios.
Su eventual prórroga dependerá de la aprobación o no del Congreso, que deberá tratarla antes del 23 de noviembre, plazo en el que caduca.
El jueves se frustró en el Senado el tratamiento sobre tablas de la prórroga de la ley y se postergó para fin de mes. Al mismo tiempo, algunos indígenas se apostaron a las puertas del Parlamento para reclamar por la extensión de la ley y otros tantos denunciaron al Gobierno que ya sufren el hostigamiento y un incremento de la violencia en sus provincias.
En 2006 se sancionó la ley 26.160 que declaraba la emergencia por cuatro años y que impedía, en ese plazo, "la ejecución de sentencias cuyo acto sea el desalojo de las tierras cuya personería jurídica esté inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas".
La legislación se fue prorrogando sucesivamente y ahora el caso Maldonado, provocó un clima enrarecido al respecto de algo que, en otro contexto, probablemente habría pasado desapercibido.
El texto de la ley original contemplaba que durante los primeros tres años se debía realizar un "relevamiento técnico" de la situación nominal de las tierras en donde están asentadas. Para ello se habían destinado $ 30 millones. Además,de ese dinero saldrían también los recursos necesarios para pagar la asesoría legal para los indígenas durante el relevamiento. Ese monto venció en 2009 y no fue prorrogado.
Según datos que aportó a LA NACION el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) -órgano que depende del Ministerio de Justicia- actualmente hay 1600 comunidades identificadas en todo el país. De ellas, hay 423 casos en los cuales culminó el relevamiento y 401 que están aún en proceso. Para el resto, todavía ni siquiera se inició la tarea, lo que quiere decir que hasta ahora sólo se hizo la mitad del trabajo que correspondía.
Las 824 comunidades relevadas o en proceso reclaman 8.414.124 de hectáreas consideradas por ellas como "territorios de ocupación tradicional", lo que equivale aproximadamente a 414 veces la ciudad de Buenos Aires, o al 3% del territorio continental argentino, incluyendo las Islas Malvinas.
Sin embargo, conforme a una auditoría de la AGN publicada en marzo de este año, el 92% de estos pueblos no poseen los títulos de propiedad comunitarios y el 84% no tiene los títulos individuales. A falta de datos confiables, es imposible saber cuál es el porcentaje equivalente en territorios en manos de extranjeros.
"Lamentablemente el jueves no pudimos consensuar y se desordenó el acuerdo de tratar la prórroga. Los ánimos han cambiado y no se están cumpliendo con los acuerdos que hicimos. De todos modos tenemos el compromiso de tratarlo en la próxima sesión y creo que la prórroga va a salir", dijo a LA NACION la senadora de Jujuy, Silvia Giacoppo (UCR) que impulsa el proyecto.
Como condición antes de tratarlo, los legisladores pidieron un informe de situación que actualice el estado de estas comunidades. Justamente, las tierras que ocupan corresponden a la órbita provincial y muchos, incluso, se encuentran sobre recursos naturales muy valiosos.
Sin ir más lejos, los mapuches neuquinos están a pocos kilómetros de Vaca Muerta y su reclamo de tierras entró en conflicto con la extracción. Muchos gobernadores siguen con atención el debate.
Si la prórroga pasa el Senado deberá tratarse en Diputados. Allí el oficialismo tiene posturas divididas sobre qué hacer, según constató LA NACION a través de fuentes en contacto con la mesa chica de Cambiemos. O se promueve la prórroga o se deroga la vieja ley para promover otra.
La nueva legislación contemplaría las mismas garantías para los pueblos originarios, pero con una mayor institucionalización en la designación de los representantes de estas comunidades. De todos modos, el tiempo apremia, sin contar que hay que considerar cómo jugarán los otros bloques.
"Solicitamos urgente la prórroga de esta ley. Hubo una profundización de los intentos de desalojo de nuestras tierras y estamos recibiendo amenazas", dijo a LA NACIONNéstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya de Jujuy, que el jueves se movilizó hasta el Congreso. Jerez también denunció que desde el 2016 que no cuentan con la asesoría legal que debería proveerles el INAI y que están en una situación de desamparo.
Según lo que recolectó la AGN de los datos del INAI, el 62% de las comunidades poseen conflictos territoriales y un 24% tienen un conflicto judicial asociado a la posesión de las tierras que están ocupando.
Félix Díaz, histórico representante de los Qom de Formosa e enfrentado con el régimen de Gildo Insfrán también se mostró preocupado por el crecimiento del debate en torno a la ley.
"Estamos preocupados por la manipulación política que se está haciendo con esta ley. Nunca tuvimos este problema que ahora está surgiendo en el Congreso", expresó a LA NACION. "En mi caso hay una orden judicial porque me consideran un usurpador. El único respald-o que tenemos es la ley 26.160", agregó.
____________________________
EL INCUMPLIMIENTO DEL RELEVAMIENTO TERRITORIAL (LEY 26.160) EN NEUQUEN
• Solo los dos votos NEGATIVOS de los Diputados del Movimiento Popular Neuquino impidió que la Ley 26.160 fuera aprobada por unanimidad del Congreso Nacional en 2006
• Neuquén fue la ÚLTIMA provincia en poner en ejecución la Ley. Recién 6 años después (2013) firmó el Convenio con Nación para ponerlo en marcha
• El Programa que aprobaron SOLO cubrió a 50 comunidades de las 64 existentes porque Neuquén impuso que solo iban a ser incorporadas las comunidades con Personerías Jurídicas, cuando la misma Ley establece que son todas consideradas comunidades existentes, CON personerías ó SIN personerías, por su carácter de preexistentes
• La ley establece la PARTICIPACION EFECTIVA de las comunidades indígenas a través de sus organizaciones en la ejecución del Programa, pero Neuquén se negó a que la Confederación Mapuche fuera parte de la Comité Ejecutivo Interjuridiccional que ejecutó el Programa
• En la conformación del Equipo Técnico Jurídico Antropológico Catastral logramos participación en cuanto a proponer técnicos para el concurso, pero no se permitió participación en el Comité de Selección. Ninguno de los técnicos propuestos por las comunidades fueron seleccionados
• En dos años y medios de ejecución solo se relevó 20 comunidades, pero a la fecha solo se tiene Dictamen Jurídico sobre UNO (1) de ellas
• No obstante, es Neuquén (a través de su operador en el tema JORGE LARA) quién más presiona en Nación, para que no se logre la prórroga de la Ley 26.160 en el Congreso Nacional, ya que considera al Programa como nocivo para los intereses de la Provincial ¿?!!
• En la sesión del Congreso de la semana pasada (07/09) no se obtuvieron los votos para que la Prorroga a la ley 26.160 fuera incorporada en el Orden del Día para tratar el tema. Allí los pueblos indígenas no pudimos tener el voto de dos senadores de Neuquén que estuvieron ausente de la sesión: Guillermo Pereyra y Lucila Crexel
• La última oportunidad para tratar esta prórroga es la sesión del 27 de septiembre. Si no se logra incluir en la agenda de ese día, la Ley caduca su mandato el 23 de Noviembre de este año.
Lafkence Mapuce11 de septiembre ·
LISTADO DE LEGISLADORES ANTI INDÍGENAS QUE NEGARON LA PRORROGA DEL RELEVAMIENTO TERRITORIAL Y QUIEREN DESALOJO!!
_______________________________
Carta pública por los derechos indígenas
POR LA PRÓRROGA DE LA LEY 26.160 Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS COLECTiVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
11 de Septiembre de 2017
Como ciudadanos y ciudadanas, queremos expresar nuestra preocupación por la vulneración de derechos de la que son objeto los pueblos indígenas, en un momento marcado por acciones prepotentes y discursos estigmatizantes sobre el pueblo mapuche.
En Argentina resulta cada vez más incompatible el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales (convenio 169 de la OIT), con la expansión de los territorios rentables para el capital. Así, desde hace años se observa la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de hidrocarburos no convencionales, la megaminería, la multiplicación de mega represas hidroeléctricas y la expansión de la explotación sojera.
Ante esto, exigimos el inicio del diálogo orientado al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, reconocidos por nuestra constitución, en el artículo 75, inciso 17.
Todo lo anterior refuerza la necesidad de exigir la prórroga de dicha ley de tierras 26.160, en la línea de la constitución nacional, sin modificaciones o alteraciones que puedan perjudicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
____________________________
2017-Res. CD FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. REPUDIO CRIMINALIZACIÓN INDÍGENA Y PEDIDO DE PRORROGA DE LEY 26.160
Visto,
El inminente vencimiento de la Ley Nº 26160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, siendo este el marco que explica la campaña mediática de neto corte racista vertida en los últimos días en los medios masivos de comunicación hacia los pueblos indígenas en general y en particular hacia el pueblo originario Mapuche, Y
CONSIDERANDO
-Que esta ley (sancionada en 2006 y prorrogada en 2009 y 2013) resulta imprescindible para evitar desalojos a comunidades indígenas en tanto establece la suspensión de los mismos mientras se efectúan relevamientos territoriales correspondientes.
-Que dicho vencimiento se produce en el contexto de una campaña mediática de neto corte racista, vertida en los últimos días en los medios masivos de comunicación, que estigmatiza a los pueblos indígenas en general y en particular al pueblo originario Mapuche
-Que el contenido de tales mensajes, se apoya en tergiversaciones y falacias largamente refutadas por el consenso académico actual y la producción científica de las últimas décadas en torno de los procesos identitarios y de organización política de los pueblos originarios;
- Que estos mensajes mediáticos tienen en común desacreditar la pre- existencia de los pueblos originarios y del pueblo Mapuche, desconociendo y/o buscando negar los derechos previstos en la Constitución Nacional, las constituciones provinciales y las restantes legislaciones vigentes; así como los pactos internacionales que ha refrendado la Argentina;
- Que a través de diversos mensajes mediáticos -esgrimidos por autores no
especializados- se busca generar confusión en la opinión pública, despertando y promoviendo en ella sentimientos discriminatorios y racistas;
- Que tales hechos se sitúan en un “clima de época” que claramente apunta a cercenar y hace retroceder los diferentes derechos de los sectores populares, entre ellos los pueblos indígenas;
-Las graves declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, quien en insólitas manifestaciones ha caracterizado al conjunto del pueblo originario mapuche como una amenaza “terrorista” con objetivos secesionistas, tergiversando y banalizando sus reclamos y desconociendo décadas de trabajo conjunto de estas poblaciones originarias con diversos organismos estatales, así como los avances en la aplicación de las legislaciones indígenas, a partir del diálogo, el consenso y el logro de diversos acuerdos;
-La maliciosa e interesada identificación en esos mensajes mediáticos y en el discurso de algunos funcionarios, de todo un pueblo indígena con un grupo absolutamente minoritario, al cual incluso algunos de los hechos de violencia que los medios le atribuyen no corresponden a dicho agrupamiento, o en otros casos se trata de evidentes “puestas en escena”, que intentan trasmitir la idea de "amenaza" que presuntamente representaría el conjunto del pueblo mapuche y por añadidura los pueblos indígenas en general;
- Que el trasfondo de la estigmatización y criminalización de los pueblos indígenas, es el interés por los territorios ancestrales por parte de diversos emprendimientos privados y grandes propietarios argentinos y extranjeros, cuyos apellidos emblemáticos son Benetton, Lewis, Braun, Menéndez Betty y Rocca.
- El evidente entrelazamiento entre estos intereses y las nuevas autoridades nacionales cuya prueba es la reciente modificación (decreto 820/2016) de la Ley
26.737/11 “…de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales” (conocida como ley de tierras) favoreciendo la
extranjerización de las tierras, lo que viene agravando y acentuando la conflictividad en territorios de los pueblos indígenas (y otros sectores sociales);
-Que la prórroga la Ley evitaría futuros conflictos vinculados con las disputas territoriales que involucran a comunidades indígenas en todo el país.
- Que esta prórroga de la Ley Nº 26.160 es una demanda unánime de comunidades y organizaciones indígenas de todo el país.
-El reclamo de amplios sectores de la sociedad por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y el cese de la violencia hacia las comunidades indígenas y en la zona de conflicto de la provincia de Chubut.
- Que es deber de nuestra Facultad expedirse en relación a la temática, dados los numerosos equipos e investigadores que trabajan en forma conjunta con los pueblos indígenas desde las diferentes carreras e institutos, y que se vienen expresando públicamente por estos días frente a estos graves hechos.
El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras resuelve:
ARTÍCULO 1º.- Repudiar enérgicamente estos mensajes mediáticos de corte xenófobo y racista y demandar a los medios masivos de comunicación abordar la temática con la complejidad y responsabilidad correspondiente.
ARTÍCULO 2º.- Exigir a los organismos correspondientes (INAI, INADI, Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural) que se expidan frente a esos graves mensajes y cumplan y hagan cumplir las normativas vigentes en relación a los pueblos indígenas.
ARTÍCULO 3º.- Demandar a los legisladores nacionales, las provincias y a los organismos correspondientes que avalen y exijan el voto por parte del congreso nacional de la prórroga de la Ley 26160.
ARTÍCULO 4º.- Exigir el cese de toda forma de violencia, la aparición con vida de Santiago Maldonado y el esclarecimiento de los graves hechos acaecidos en la zona de la comunidad “Pu Lof en Resistencia” del Noroeste de Chubut.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese a los medios masivos de comunicación, al INAI, al INADI, a los jefes de bloques partidarios de las cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, a todas las Secretarías de la Facultad, a la Universidad de Buenos Aires, a la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, a la Dirección de Consejo Directivo, y cumplido, archívese.
Carta pública por los derechos indígenas
POR LA PRÓRROGA DE LA LEY 26.160 Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS COLECTiVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
11 de Septiembre de 2017
Como ciudadanos y ciudadanas, queremos expresar nuestra preocupación por la vulneración de derechos de la que son objeto los pueblos indígenas, en un momento marcado por acciones prepotentes y discursos estigmatizantes sobre el pueblo mapuche.
Dicho discurso descalificador, propio de los grandes propietarios rurales, busca asociar los reclamos mapuches a la violencia y el terrorismo, además de desempolvar viejas y ya refutadas acusaciones como aquella de que “los mapuches no son argentinos, sino chilenos”.
En Argentina resulta cada vez más incompatible el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales (convenio 169 de la OIT), con la expansión de los territorios rentables para el capital. Así, desde hace años se observa la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de hidrocarburos no convencionales, la megaminería, la multiplicación de mega represas hidroeléctricas y la expansión de la explotación sojera.
A lo anterior, hay que añadir grandes emprendimientos inmobiliarios y latifundios, emplazados en territorios que defienden comunidades indígenas y no indígenas. Frente a protestas que ponen de relieve tales problemáticas, el gobierno ha optado por la violencia represiva, como lo ilustra la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Ante esto, exigimos el inicio del diálogo orientado al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, reconocidos por nuestra constitución, en el artículo 75, inciso 17.
Así como hemos salido a la calle exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, hoy nos dirigimos al Parlamento Nacional, para exigir la prórroga de la ley 26160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas y ordena la finalización del demorado relevamiento territorial. También proponemos el lanzamiento de un diálogo franco, necesario y democrático con las comunidades indígenas sobre el lugar de estos pueblos en el Estado argentino.
Al igual que lo sucedido en otros países latinoamericanos (Bolivia), en Argentina debe revisarse la visión mono-cultural del Estado, a fin de avanzar hacia concepciones más inclusivas y pluriculturales, que fortalezcan la unidad territorial e institucional del país.
Es urgente promover la intervención de la sociedad civil para hacer posible la apertura del esperado debate sobre el avance de modelos de desarrollo altamente destructivos en los territorios, que hoy encuentran fuertes resistencias sociales en nuestras provincias.
Todo lo anterior refuerza la necesidad de exigir la prórroga de dicha ley de tierras 26.160, en la línea de la constitución nacional, sin modificaciones o alteraciones que puedan perjudicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Asimismo exigimos el fin de la campaña de hostigamiento e indiferencia para con los pueblos indígenas y la adopción de un compromiso decidido y potente de toda la sociedad en apoyo de éstos y otros grupos vulnerables de la población.
Sólo con mayor democracia y compromiso social será posible saldar la deuda histórica que el Estado argentino tiene para con los pueblos indígenas.
Primeras firmas...
_________________________
ESTIMADXS TODXS:
Algunos investigadores del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA estamos armando una campaña de apoyo a la prórroga de la Ley 26160.
Primeras firmas...
_________________________
ESTIMADXS TODXS:
Algunos investigadores del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA estamos armando una campaña de apoyo a la prórroga de la Ley 26160.
Los que quieran participar, solo tienen que sacarse fotos con la leyenda “No a los desalojos de territorios indígenas. Sí a la prórroga de la Ley 26160.
#LeyEmergenciaTerritorial” y publicarla en Facebook y Twitter.
También pueden enviarlas a prorroga26160@gmail.com, la idea es armar un pequeño video de difusión con las fotos.
Necesitamos dar a conocer la situación, que se instale el tema.
El boca en boca y las redes, hoy en día son una buena herramienta.
Gracias a todxs!
____________________________
2017-Res. CD FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. REPUDIO CRIMINALIZACIÓN INDÍGENA Y PEDIDO DE PRORROGA DE LEY 26.160
Visto,
El inminente vencimiento de la Ley Nº 26160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, siendo este el marco que explica la campaña mediática de neto corte racista vertida en los últimos días en los medios masivos de comunicación hacia los pueblos indígenas en general y en particular hacia el pueblo originario Mapuche, Y
CONSIDERANDO
-Que esta ley (sancionada en 2006 y prorrogada en 2009 y 2013) resulta imprescindible para evitar desalojos a comunidades indígenas en tanto establece la suspensión de los mismos mientras se efectúan relevamientos territoriales correspondientes.
-Que dicho vencimiento se produce en el contexto de una campaña mediática de neto corte racista, vertida en los últimos días en los medios masivos de comunicación, que estigmatiza a los pueblos indígenas en general y en particular al pueblo originario Mapuche
-Que el contenido de tales mensajes, se apoya en tergiversaciones y falacias largamente refutadas por el consenso académico actual y la producción científica de las últimas décadas en torno de los procesos identitarios y de organización política de los pueblos originarios;
- Que estos mensajes mediáticos tienen en común desacreditar la pre- existencia de los pueblos originarios y del pueblo Mapuche, desconociendo y/o buscando negar los derechos previstos en la Constitución Nacional, las constituciones provinciales y las restantes legislaciones vigentes; así como los pactos internacionales que ha refrendado la Argentina;
- Que a través de diversos mensajes mediáticos -esgrimidos por autores no
especializados- se busca generar confusión en la opinión pública, despertando y promoviendo en ella sentimientos discriminatorios y racistas;
- Que tales hechos se sitúan en un “clima de época” que claramente apunta a cercenar y hace retroceder los diferentes derechos de los sectores populares, entre ellos los pueblos indígenas;
-Las graves declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, quien en insólitas manifestaciones ha caracterizado al conjunto del pueblo originario mapuche como una amenaza “terrorista” con objetivos secesionistas, tergiversando y banalizando sus reclamos y desconociendo décadas de trabajo conjunto de estas poblaciones originarias con diversos organismos estatales, así como los avances en la aplicación de las legislaciones indígenas, a partir del diálogo, el consenso y el logro de diversos acuerdos;
-La maliciosa e interesada identificación en esos mensajes mediáticos y en el discurso de algunos funcionarios, de todo un pueblo indígena con un grupo absolutamente minoritario, al cual incluso algunos de los hechos de violencia que los medios le atribuyen no corresponden a dicho agrupamiento, o en otros casos se trata de evidentes “puestas en escena”, que intentan trasmitir la idea de "amenaza" que presuntamente representaría el conjunto del pueblo mapuche y por añadidura los pueblos indígenas en general;
- Que el trasfondo de la estigmatización y criminalización de los pueblos indígenas, es el interés por los territorios ancestrales por parte de diversos emprendimientos privados y grandes propietarios argentinos y extranjeros, cuyos apellidos emblemáticos son Benetton, Lewis, Braun, Menéndez Betty y Rocca.
- El evidente entrelazamiento entre estos intereses y las nuevas autoridades nacionales cuya prueba es la reciente modificación (decreto 820/2016) de la Ley
26.737/11 “…de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales” (conocida como ley de tierras) favoreciendo la
extranjerización de las tierras, lo que viene agravando y acentuando la conflictividad en territorios de los pueblos indígenas (y otros sectores sociales);
-Que la prórroga la Ley evitaría futuros conflictos vinculados con las disputas territoriales que involucran a comunidades indígenas en todo el país.
- Que esta prórroga de la Ley Nº 26.160 es una demanda unánime de comunidades y organizaciones indígenas de todo el país.
-El reclamo de amplios sectores de la sociedad por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y el cese de la violencia hacia las comunidades indígenas y en la zona de conflicto de la provincia de Chubut.
- Que es deber de nuestra Facultad expedirse en relación a la temática, dados los numerosos equipos e investigadores que trabajan en forma conjunta con los pueblos indígenas desde las diferentes carreras e institutos, y que se vienen expresando públicamente por estos días frente a estos graves hechos.
El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras resuelve:
ARTÍCULO 1º.- Repudiar enérgicamente estos mensajes mediáticos de corte xenófobo y racista y demandar a los medios masivos de comunicación abordar la temática con la complejidad y responsabilidad correspondiente.
ARTÍCULO 2º.- Exigir a los organismos correspondientes (INAI, INADI, Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural) que se expidan frente a esos graves mensajes y cumplan y hagan cumplir las normativas vigentes en relación a los pueblos indígenas.
ARTÍCULO 3º.- Demandar a los legisladores nacionales, las provincias y a los organismos correspondientes que avalen y exijan el voto por parte del congreso nacional de la prórroga de la Ley 26160.
ARTÍCULO 4º.- Exigir el cese de toda forma de violencia, la aparición con vida de Santiago Maldonado y el esclarecimiento de los graves hechos acaecidos en la zona de la comunidad “Pu Lof en Resistencia” del Noroeste de Chubut.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese a los medios masivos de comunicación, al INAI, al INADI, a los jefes de bloques partidarios de las cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, a todas las Secretarías de la Facultad, a la Universidad de Buenos Aires, a la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, a la Dirección de Consejo Directivo, y cumplido, archívese.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Ud puede comentar